La percepción de que existen interferencias políticas en la Justicia es evidente. Basta echar un vistazo a los medios de comunicación cuando hablan de jueces «conservadores» y «progresistas» (como si fueran diputados); de las «puertas giratorias» desde la Justicia a la política y viceversa sin el más mínimo freno; de los nombramientos para altos cargos de amigos o afines; o, sin mínimo exhaustivo, del «reparto de cuotas» entre el partido del Gobierno y la oposición para asaltar y controlar el CGPJ, convertido desde hace más de treinta años en una franquicia del poder político. De estas patologías no solo es responsable una partitocracia insaciable en su voraz apetito por dominar el poder judicial; también hay algunos jueces dispuestos a colaborar como actores secundarios -aunque sea de buena fe- con el sistema enfermo, de manera que lo alientan y apuntalan.Este modesto ensayo no va dirigido a profesionales del derecho; o, mejor dicho, no solo a ellos. La intenciín es llegar a un amplio espectro de ciudadanos; a todos aquellos que sientan alguna inquietud intelectual por conocer cuáles son las claves normativas y estructurales que proyectan una imagen politizada del poder judicial -singularmente la de su más alto órgano de gobierno- y cuáles las posibles soluciones, muchas de ellas reiteradamente reclamadas desde el Consejo de Europa, pero incumplidas displicente y tozudamente por los gobernantes del Reino de España.