El fenómeno de la movilidad ha adquirido en las últimas décadas un incremento espectacular que ha ocasionado una problemática de singular complejidad, especialmente en las áreas urbanas. Congestión, contaminación atmosférica y acústica, menoscabo de nuestro patrimonio histórico y artístico, inseguridad para peatones y ciclistas, degradación estética y, en general, detrimento de la calidad de vida y del bienestar de los ciudadanos, son problemas con los que convivimos cada día en nuestro medio habitual de vida: los asentamientos urbanos. Los Ayuntamientos están llamados, por ello, a desempeñar un importante papel en la resolución de todos estos problemas, ejerciendo eficazmente las importantes competencias con que cuentan y ensayando nuevas políticas de movilidad. En este trabajo se realiza un estudio detenido y atento de las distintas potestades con que cuentan los Ayuntamientos para hacer frente a los problemas actuales del tráfico urbano. Tras destacar los principales problemas que hoy genera el tráfico en las zonas urbanas y algunas de sus causas, se destacan las normas que hoy contemplan las competencias municipales en el sector y su ámbito territorial de aplicación, se realiza un completo estudio de tales competencias, distinguiendo las potestades que son de tipo normativo, donde se analizan las ordenanzas municipales de circulación, las ordenanzas fiscales y el problema de la tipificación de las infracciones y sanciones, de las que son de tipo ejecutivo, donde se estudian las potestades de ordenación y control del tráfico, las denuncias de las policías locales y la imposición de sanciones, las medidas de inmovilización y retirada de vehículos, la autorización de pruebas deportivas, etc. Por último, se destaca la necesidad de arbitrar y poner en práctica nuevas técnicas de intervención en la materia, proponiendo algunas soluciones al respecto.