como expresa el autor d. carlos vázquez iruzubieta en su prólogo, al mismo tiempo que la reforma de la ley orgánica del poder judicial y la ley de enjuiciamiento civil, el legislador ha encarado la reforma también amplia de la ley de enjuiciamiento criminal, siguiendo el mismo propósito que en las dos anteriormente citadas; esto es, la implantación de la oficina judicial y la generosa atribución de competencias a los secretarios judiciales, verdaderos protagonistas, desde ahora, del impuso procesal adherido a una serie de trámites procesales que antes de esta reforma estaban en la ley a cargo del juez de instrucción y del tribunal de alzada y ahora de los secretarios judiciales, aunque, hay que reconocerlo, a este respecto han dejado de ser actualizados numerosos artículos en los que debiera el legislador haber reformado el vetusto articulado adaptándolo a las nuevas normas relativas a la oficina judicial, que en esta ley no aparecen en la medida que debieran, ello sin contar con que en algunos artículos a los que llegó esta reforma de 2009, aún deja leer párrafos en los que se multa con pesetas.