La detención preventiva más que cualquier otra prevención jurídica, más quizás que la propia pena, pone en peligro los derechos fundamentales y seguridad jurídica. Esta medida que se aplica a quien por mandato constitucional debe ser considerado inocente y tratado como tal se ubica en el campo se tensión entre el deber estatal de perseguir el delito y el deber estatal de salvaguardar los derechos fundamentales. Por esta razón, la labor de regulación y aplicación de la prisión provisional resulta ser una actividad compleja y quirúrgica, pues se trata de conciliar dos propósitos constitucionales de difícil sincronización. La manera como se resuelva este conflicto, revelará la vocación democrática o autoritaria del Estado