Hasta el 16 de octubre de 1998, la instrucción de las denuncias y querellas interpuestas en España contra los integrantes de las juntas militares que rigieron los destinos de la República Argentina entre 1976 Y 1983 Y de Chile entre 1973 y 1990, acusados de delitos de genocidio y terrorismo, se había caracterizado por el activismo de la acusación popular, la indiferencia y luego radical oposición de los representantes del Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional, la inoperancia de las comisiones rogatorias en los países de comisión de los delitos, el sostenido interés de algunos medios de comunicación escrita que favorecían la acusación y la siempre discreta expresión diplomática de incomodidad que transmitían los representantes de Argentina y Chile en Madrid. En todo caso, nadie albergaba una esperanza fundada de que un día pudiera abrirse la fase oral de un juicio que no podía celebrarse in absentia de los acusados.