Durante más de dos siglos de historiografía liberal posrevolucionaria ha estado bien presente el viejo arquetipo de que la nobleza y el régimen señorial eran instituciones caducas que estaban condenadas irremediablemente a desaparecer con los nuevos vientos de la libertad. Pero, la extensa documentación normativa que conservamos –hasta ahora prácticamente inédita– sobre el gobierno señorial, dentro de un marco jurisdiccional en el que se confundía lo privado y lo público, nos habla en favor de que también podía haber espacio para la conformidad con el sistema. O, por lo menos, para que éste siguiera siendo una opción en el elenco de posibilidades que se presentaban. De hecho, el mantenimiento del régimen señorial durante los largos siglos anteriores se puede explicar en parte, tanto por las consecuencias efectivas de determinadas políticas asistenciales, como –con mayor probabilidad– por la imagen que se desprendía de actitudes paternalistas que, cierto que beneficiaban sobre todo a quienes «invertían» en ellas, pero también, directa o indirectamente, a los propios vasallos, que no siempre vivían bajo el látigo y el yugo de su señor.