La Corte Constitucional ha sido sin duda alguna una institución dinamizadora del derecho colombiano desde su creación y puesta en funcionamiento. Del mismo modo, la acción de tutela ha representado un mecanismo bastante efectivo para la garantía y exigibilidad jurídica de los derechos fundamentales que ha ayudado a materializar los postulados de la Constitución Política de 1991. En estos cinco lustros de implementación y desarrollo han sido varios los desafíos que se han presentado en la imperiosa labor de salvaguardar la tutela efectiva de los derechos fundamentales por parte del máximo juez constitucional. Si bien en el trasegar de esta labor, la jurisprudencia del tribunal constitucional colombiano ha brillado por un elevado reconocimiento social, jurídico y académico nacional e incluso internacional, también han existido planteamientos bastante polémicos y controversiales que han generado grandes discusiones.