España es una de las principales vías de acceso de la droga a Europa, la cual procede principalmente de Sudamérica y el Norte de África. Este hecho ha facilitado que nuestro país se haya convertido en una zona de asentamiento de grupos internacionales de crimen organizado, que se dedican al tráfico de drogas, especialmente por vía marítima, constituyendo estos tráficos ilícitos uno de los riesgos y amenazas más graves para nuestra Seguridad Nacional, no sólo por las consecuencias directas en nuestro país, sino también para las que se puedan producir en el resto de países de nuestro entorno europeo, pues siendo España un país ribereño, está obligado a garantizar también la seguridad de aquellos. Sin embargo, la reforma del principio de justicia universal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, que impone nuevos criterios de aplicación de la ley penal en el espacio, para los supuestos en que no exista ningún vínculo de conexión con España, afectará gravemente a la persecución de estos tráficos ilícitos por vía marítima, y pondrá en peligro aquellos compromisos internacionales que España ha venido asumiendo para su represión.