Juristas, académicos, políticos y ciudadanos colombianos se interrogan si una vez más el país se resignará a aceptar la desmembración de su espacio nacional, en particular en las aguas del Caribe, históricamente suyas. Lo anterior, en vista de la sentencia de la CIJ de noviembre de 2012 y las dos nuevas demandas entabladas por Nicaragua ante dicha Corte a finales del 2013 en contra de Colombia. Inicialmente, se analizan algunos aspectos de la poca acertada estrategia jurídica colombiana ante el tribunal de La Haya a partir de la citada sentencia por la que se otorgaron a Nicaragua 75 mil km2 de aguas colombianas pertenecientes al Archipiélago de San Andrés y Providencia. Luego se consideran las implicaciones político-jurídicas de la decisión del gobierno colombiano en marzo de 2016 de desconocer la jurisdicción de la Corte, después de que esta rechazara las ‘excepciones’ preliminares de incompetencia de la CIJ para conocer y fallar sobre las dos nuevas demandas nicaragüenses del 2013. La primera requiriendo a la Corte fijar su Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva en las mismas aguas; por la segunda, acusando a Colombia de amenazas de uso de la fuerza luego de su incumplimiento del fallo del 2012. Finalmente, a falta de negociaciones bilaterales y mientras perdure el actual limbo jurídico del diferendo binacional, se propone una estrategia precautelar de defensa de soberanía marítima por parte de Colombia respecto de unas aguas que Nicaragua requiere para la explotación de su inviable canal interoceánico y con él la destrucción irreversible de una riqueza oceánica única que en el 2000 la UNESCO declaró Reserva Mundial de Biósfera con el nombre de Seaflower. Para la estrategia propuesta se tomó como referencia la política, igualmente precautelar, aplicada por la República Popular China para la defensa de derechos marítimos en el Mar Meridional Chino que, como Colombia, también considera históricamente suyos. Lo anterior como respuesta al diferendo insoluto de límites marítimos que China enfrenta desde 1947 con cinco de sus vecinos. Como Colombia, China ha rechazado toda jurisdicción internacional para conocer y fallar sobre tales contenciosos, ofreciendo a sus Contra-partes la opción de la negociación bilateral, como lo ha hecho Colombia con Nicaragua.