Con la entrada en vigencia del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, contenido en la Ley 1801 de 2016, (nomenclatura aquella dada por la Ley 2000 de 2019), Colombia hizo un muy interesante apuesta a la nueva filosofía que se espera del ciudadano en punto de la convivencia, al consagrar, por una parte, que el fundamento normativo de tales disposiciones se halla en el carácter preventivo de las mismas, muy a pesar de la percepción que existe en la ciudadanía en general, seguramente por la tradición histórica en nuestro país, de considerar que los códigos de estirpe policivo, son eminentemente sancionadores; y, por otra parte, por las atribuciones que se le han conferido al personal uniformado de la policía, en especial por el hecho de intervenir in situ, ciertos comportamientos que suelen alterar la tranquilidad ciudadana, otorgándoles inclusive la posibilidad de imponer comparendos; precisamente por estar dicha autoridad inserta en el seno de la sociedad, lo que garantiza una intervención de primer nivel, de aquellos comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.