Hace ya demasiado tiempo que la nulidad de los actos procesales merece un estudio acorde a la realidad constitucional y despegado totalmente de esquemas privatísticos. En materia de comunicaciones judiciales, la efectividad de las cuales condiciona el ejercicio de las garantías del proceso, los excesos generados por una incorrecta doctrina constitucional basada en la falsa dualidad de indefensiones (una procesal y otra constitucional, como si fueran cosas distintas) y por una aplicación de la subsanación en contra del justiciable, patentizan cuán urgente es aquella necesidad.