Casi cada día, los periódicos y la televisión informan de operaciones antimafia con detenciones en diversos países. Breves reportajes que no dejan huella en una opinión pública tan habituada como indiferente. En el fondo –se piensa–, son historias que no afectan a nuestra vida. Sin embargo, no se cuenta que tras estas operaciones hay una realidad en la que unos narcotraficantes de la ’Ndrangheta movilizan toneladas de cocaína de Sudamérica y compran buques mercantes como si fueran coches usados; que unos mafiosos condenados en Italia y buscados por la justicia viven como empresarios «mimados» en Sudáfrica; que la Camorra ha creado una multinacional de la falsificación de marcas de prestigio con filiales en todo el mundo; que en Alemania el tráfico de droga de los últimos veinte años ha pasado por las pizzerías calabresas; o que España es tierra de conquista para los capos italianos que llenan de cemento sus costas y las utilizan como puerto de arribada para sus partidas de droga. Frente a este escenario –donde la facturación anual de la ’Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra, casi 130.000 millones de euros, es superior al PIB de tres pequeños estados europeos, y casi el 10% de la población activa del Mezzogiorno italiano trabaja en la «industria mafiosa»–, uno se siente consternado. ¿Dónde está el límite entre la economía limpia y la economía delictiva? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a las mafias italianas en el mundo? ¿Hasta dónde han llegado?